Reportaje de investigación · Ciudad de Guatemala
La ciudad de los tramos rotos
En Ciudad de Guatemala, un trayecto de 150 metros puede convertirse en un recorrido hasta tres veces más largo para una persona usuaria de silla de ruedas. Las barreras aparecen en las banquetas, los cruces, los edificios, las escuelas y el transporte. Aunque existen normas, lineamientos de accesibilidad e intervenciones institucionales, no hay un diagnóstico actualizado a 2026 que permita conocer el nivel de accesibilidad de la ciudad.
Por: Ana Paula Bonancella
P
ara cruzar de la entrada del Palacio Nacional de la Cultura a las puertas de la Catedral Metropolitana de Guatemala bastan 150 metros y dos minutos a pie.
Para una persona que utiliza silla de ruedas, ese mismo trayecto se convierte en un recorrido documentado de 450 metros. Sobre la 7.ª avenida del Centro Histórico, una banqueta sin rampa interrumpe el recorrido; unos pasos más adelante, dos tragantes de agua complican el paso y, al llegar frente a la iglesia, una barrera de pequeños postes y cadenas dificulta el acceso a la rampa existente. El trayecto directo deja de ser una opción y obliga a desviarse.
Esta dificultad forma parte de la vida cotidiana de miles de personas. En el departamento de Guatemala, 129,230 personas tienen dificultad para caminar o subir escaleras. De ellas, 49,932 viven en el municipio de Guatemala, donde las mujeres representan el 61.7 % y los hombres el 38.3 %.
Sin embargo, la dimensión actual del problema no cuenta con mediciones recientes: el Consejo reconoció que no dispone de estadísticas correspondientes a 2026 y que trabaja con proyecciones para 2024 calculadas a partir del Censo Nacional de 2018.
Detrás de estas estimaciones transcurre la rutina de personas como Guillermo Mirón, de 52 años, a quien le amputaron la pierna derecha arriba de la rodilla tras una infección hospitalaria provocada por complicaciones de la diabetes. “Antes tenía mi carro y casi no salía, pero cuando me amputaron arriba de la rodilla, uno de los primeros golpes fue pensar cómo iba a manejar, porque la pierna derecha es la que se usa para acelerar y frenar”, relata.
Desde entonces, cada salida médica desde su casa requiere planificación. Su madre, de 78 años, lo acompaña y empuja la silla de ruedas. En una ocasión, frente a las oficinas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), la falta de una rampa en la banqueta obligó a Mirón a pararse en una sola pierna sobre la calle. En ese momento no tenía suficiente fuerza en los brazos y recuerda el esfuerzo que implicó ayudar a su madre a subir la silla por el bordillo para luego volver a sentarse y acomodarse.
El transporte
Las dificultades de movilidad comienzan antes de llegar a la calle. Para muchas personas con discapacidad física, trasladarse desde su vivienda hasta su lugar de trabajo, un centro de estudios o una cita médica depende de un sistema de transporte público que no siempre permite completar el recorrido.
“El talón de Aquiles de la persona con discapacidad física en Guatemala no es el trabajo: es el transporte público. ¿Cuánto talento tenemos desperdiciado en las casas porque la gente no puede llegar al centro de estudios ni a la oficina?”, señala Byron Leonel Pernilla Ríos, fundador y director de la Asociación de Personas con Discapacidad Sobrevenida de Guatemala (ASODISPRO). Pernilla, quien utiliza silla de ruedas desde los 18 años a causa de una tetraplejia y trabaja en intermediación laboral, sostiene que las dificultades del transporte público vienen de años atrás.
En 2010, durante el gobierno de Álvaro Colom y la administración municipal de Álvaro Arzú, el Transurbano fue presentado como una solución para modernizar y hacer más seguro el transporte público. Sin embargo, las unidades no incorporaron infraestructura adecuada para personas con movilidad reducida. Un año después, su vocero, Sergio Vásquez, anunció que cinco buses serían equipados con plataformas hidráulicas para personas usuarias de silla de ruedas, según reportó Prensa Libre. Más de una década después, el sistema continúa sin estar adaptado para garantizar el acceso de personas usuarias de silla de ruedas: las unidades no cuentan con rampas ni con la infraestructura necesaria para abordarlas.
El problema no termina en los buses que carecen de adaptaciones. Incluso cuando existe infraestructura para abordar una unidad, la accesibilidad puede fragmentarse a lo largo del recorrido: el TransMetro no cubre toda la ciudad, por lo que llegar al destino puede requerir combinarlo con otro medio de transporte. La red municipal moviliza a más de 400 mil personas al día a través de siete líneas con 130 kilómetros de recorrido, según datos de la Municipalidad de Guatemala. Aunque sus estaciones actualmente incorporan rampas y otras facilidades de accesibilidad, cada unidad, con capacidad para 165 pasajeros, dispone de dos espacios reservados para personas usuarias de silla de ruedas. Estos representan el 1.2 % de la capacidad total del autobús.
Cuando esos espacios están ocupados, el destino queda fuera de la ruta o se trata de una urgencia, la única alternativa es recurrir a un taxi o a plataformas de viaje. De acuerdo con Pernilla, “para nosotros, cada salida de casa representa un gasto base de 300 quetzales en transporte privado de ida y vuelta; en horas pico, conseguir que un conductor acepte el viaje es una lotería humillante”. A este costo se suma la dificultad para abordar los vehículos de aplicación móvil: según relata Guillermo Mirón, los conductores suelen alegar falta de espacio en el baúl o cancelan el servicio después de ser informados de que viajará una persona en silla de ruedas.
Esta falta de condiciones en el transporte individual se relaciona con vacíos en la regulación estatal. La Dirección General de Transportes (DGT) informó, mediante una solicitud de información pública, que su marco normativo actual no contempla inspecciones técnicas, registros de unidades con adecuaciones físicas ni sanciones específicas en materia de accesibilidad para las rutas del transporte extraurbano.
Informes de supervisión de la Defensoría de las Personas con Discapacidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), obtenidos mediante solicitudes de información pública, documentan estas fallas en 2021 y 2025. En 2021, la entidad determinó que la DGT no tenía procedimientos para autorizar, revisar y dar seguimiento al transporte público, además de señalar una falta de coordinación con las municipalidades para verificar el estado de los buses y las estaciones.
Cuatro años después, en febrero de 2025, la PDH volvió a encontrar el mismo escenario: la DGT seguía sin protocolos, planes ni políticas para garantizar este derecho, y tampoco contaba con registros para identificar qué rutas disponían de unidades adaptadas.
La situación en los centros educativos
Las limitaciones de acceso en el entorno físico también inciden en la continuidad educativa. Para Nidia de López, madre de Mario, un joven de 20 años que depende de una silla de ruedas, cada salida implica verificar de antemano si los lugares cuentan con rampas o sanitarios adaptados. Durante años, López buscó un establecimiento donde su hijo pudiera cursar sus estudios, pero encontró escuelas sin rampas, baños inaccesibles y dificultades para hallar docentes preparados para atender sus requerimientos.
Para que Mario pudiera cursar de cuarto a sexto primaria en el colegio Casa Bernabé, su madre tuvo que buscar cómo construir las rampas, pues el lugar le puso esa condición para recibirlo. Con el apoyo de una directora de la Municipalidad de Fraijanes, la obra fue gestionada como ayuda comunitaria debido a que el colegio opera como casa hogar, y así se construyeron los accesos necesarios. Sin embargo, al concluir sexto grado, la institución informó a la familia que ya no disponía de condiciones para recibirlo en el nivel básico, por lo que el joven quedó fuera del sistema educativo.
La experiencia de Mario coincide con los diagnósticos oficiales a escala nacional. Un monitoreo realizado en 2025 por la Dirección General de Monitoreo y Verificación de la Calidad (DIGEMOCA), sobre una muestra de 2,548 escuelas públicas de todo el país, determinó que el 79 % no cuenta con rampa de acceso para sillas de ruedas y que el 87 % carece de sanitarios adecuados para personas con discapacidad física.
En Ciudad de Guatemala, el Ministerio de Educación tampoco dispone de un registro consolidado que permita conocer la infraestructura de sus planteles. En respuesta a una solicitud de información pública, la Dirección de Planificación Educativa (DIPLAN) indicó que no cuenta con un censo de establecimientos públicos con rampas o baños accesibles. Aunque la recopilación de estos datos corresponde a las Direcciones Departamentales de Educación (DIDEDUC), en la jurisdicción Guatemala Norte solo el 10.7 % de 399 escuelas reportó alguna condición de accesibilidad. Por su parte, las direcciones departamentales de Occidente, Oriente y Sur señalaron que no disponen de censos o registros que permitan determinar cuántos de sus planteles cuentan con adaptaciones.
A la falta de registros se añade la ausencia de fondos etiquetados. La Subdirección Administrativo Financiera de DIDEDUC Oriente confirmó que no existe un renglón presupuestario destinado de manera exclusiva a obras de accesibilidad. Las modificaciones que se realizan dependen de aportes de organizaciones de padres de familia o de asignaciones generales de remozamiento.
En marzo de 2026, dos evaluaciones de la DIDEDUC Guatemala Norte documentaron las deficiencias en centros educativos de la zona 1. El informe técnico 011-2026 señaló que, en la Escuela Oficial Rural Mixta de Educación Especial, una de las rampas presenta una inclinación de 26 %, por encima del rango de 5 % a 8 % recomendado por CONADI, y los baños tienen pasillos de menos de un metro de ancho.
Corregir esas deficiencias tampoco depende únicamente de la escuela. Mediante el oficio 142-2026, las autoridades educativas indicaron a la directora que debía gestionar ante el Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) el permiso correspondiente por tratarse de un inmueble ubicado en el Centro Histórico, como requisito para postular al Programa de Mantenimiento Escolar. Sin embargo, el reglamento del programa establece que sus recursos están destinados a reparaciones menores y excluye trabajos de demolición o construcción.
Así, una intervención como modificar una rampa o ampliar un baño puede quedar fuera del alcance del Programa de Mantenimiento Escolar. El propio ministerio indicó que estas obras corresponden a otras entidades, como la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) o la Municipalidad. Sin embargo, en las respuestas a solicitudes de información sobre obras de accesibilidad realizadas entre 2021 y 2026, ninguna de las dos entidades reportó intervenciones de este tipo en la Escuela Oficial Rural Mixta de Educación Especial.
Pese a estas condiciones, el sistema central de quejas del Ministerio de Educación y sus delegaciones reportó, por medio de una solicitud de información, cero denuncias ciudadanas sobre accesibilidad entre 2021 y 2026 en Ciudad de Guatemala.
La continuidad del espacio urbano y las obras municipales
La accesibilidad en el entorno urbano depende de la continuidad entre los distintos puntos de una ruta. Si una acera cuenta con una rampa, pero la siguiente carece de ella, el recorrido peatonal queda interrumpido.
En la zona 10, entre el edificio Interamericas y el centro comercial Oakland Place, existe un tramo de 450 metros sobre la Diagonal 6, un área con presencia de clínicas médicas, bufetes de abogados y oficinas. A los 140 metros de camino, frente al edificio O3 y la construcción del Hospital Yarden, la banqueta presenta desniveles e interferencias de obra que impiden el paso continuo en silla de ruedas. En ese mismo sector, cruzar de un lado a otro de la vía se dificulta ante la falta de pasos peatonales y pasarelas adaptadas.
Una situación similar se observa en el Centro Histórico. En la 2.ª calle de la zona 1, una de las banquetas dispone de superficie regular y rampas, mientras que la acera de enfrente no cuenta con rampas. Entre el Parque San Sebastián y el Hospital San Sebastián, el trayecto se interrumpe a los 230 metros por la ausencia de rampas en las esquinas.
“En una calle sí hay rampa, en otra no; entonces no tiene sentido”, explica Rosa Idalia Aldana, especialista en derechos de las personas con discapacidad, quien señala que las adaptaciones deben mantener continuidad para ser funcionales. Aldana añade que las limitaciones también se presentan en el interior de edificaciones, donde se registran sanitarios cuyos grifos y lavamanos se encuentran fuera del alcance de personas en silla de ruedas o de talla baja.
“Es como algo perverso, porque es engañar a la población y al sistema al decir: ‘Sí, somos accesibles’, y hacemos una cosita. Pero si en la siguiente calle ya no hay rampa, de nada sirve la anterior: la persona pudo subir, pero por allá no va a poder bajar”, explicó Rosa Idalia Aldana.
En los registros municipales, la Dirección de Obras de la Municipalidad de Guatemala reportó 50 proyectos dentro de su listado de obras inclusivas ejecutados entre 2021 y 2026, con presupuestos que van de Q964.85 a Q664,425.75 por proyecto. La comuna señala que en la fase de planificación contempla criterios del Manual de accesibilidad universal del CONADI y diseña pendientes acordes al espacio disponible de las banquetas.
No obstante, al requerir mediante la ley de acceso a la información pública qué dependencia municipal tiene asignada la función de supervisar y verificar que las obras cumplan en el terreno con los criterios de accesibilidad, tanto la Dirección de Obras como la Dirección de Planificación Urbana respondieron que esa atribución no es de su competencia. En la documentación entregada no se identifica qué oficina municipal es la encargada de realizar dicha supervisión técnica.
El marco legal y la planificación urbana
El alcance de las instituciones encargadas del tema se encuentra delimitado por la ley. Daniel Molina, jefe del Departamento de Promoción de Acceso del CONADI, señala que la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad (Decreto 135-96), vigente desde 1996, no faculta al Consejo para sancionar el incumplimiento de normas de accesibilidad. “No podemos obligar, solo podemos recomendar y asesorar”, indicó Molina.
Ante las demandas de los vecinos, la Municipalidad de Guatemala ha implementado iniciativas de diálogo. Ronald Noriega, subdirector de Asuntos Públicos de la comuna, explicó que en 2025 se desarrolló un diagnóstico participativo con más de 70 funcionarios y personas con discapacidad para evaluar temas de movilidad, transporte y servicios municipales. “No podemos diseñar una estrategia pública para ellos sin que ellos sean parte de la conversación. Honestamente, tenemos mucho que aprender sobre el tema de discapacidad”, expresó Noriega.
A partir de este ejercicio, la Municipalidad reportó la incorporación de funciones de accesibilidad en sus trámites digitales y la recepción de reportes ciudadanos. En el ámbito de proyectos de transporte, Molina mencionó que el CONADI ha integrado mesas técnicas con usuarios de sillas de ruedas para revisar planos y realizar visitas de campo en el proyecto Aerómetro, orientadas a evaluar accesos antes de su puesta en marcha.
“La ciudad es sumamente hostil para cualquier persona con movilidad reducida”
Manfredo Corado, arquitecto y urbanista
Sin embargo, para el arquitecto y urbanista Manfredo Corado, exdecano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Rafael Landívar, el problema de fondo reside en la falta de regulaciones que obliguen a mantener la continuidad del espacio público. “La ciudad es sumamente hostil para cualquier persona con movilidad reducida”, mencionó. Corado detalla que, a diferencia de modelos urbanos donde las normas exigen a los urbanizadores privados entregar banquetas continuas, iluminadas y accesibles, en Guatemala cada propietario suele intervenir únicamente el frente de su inmueble sin conectividad con el resto de la calle. “La ciudad carece de una columna vertebral peatonal consolidada que conecte el Centro Histórico con La Reforma y Las Américas; lo que tenemos son pedazos aislados de aceras donde nadie se hace cargo de la continuidad”, concluyó.
Hay esfuerzos que buscan reducir estas brechas. En el ámbito técnico, el CONADI ha comenzado a modificar la forma en que evalúa los proyectos de infraestructura. Este año, a través de su Comisión de Accesibilidad, incorporan a personas con discapacidad en visitas de campo, dictámenes y opiniones técnicas. La intención es sumar a la evaluación técnica la experiencia directa de quienes enfrentan las barreras que esos proyectos buscan resolver.
Mientras las instituciones avanzan en estos espacios, organizaciones como ASODISPRO trabajan para enfrentar las consecuencias de las barreras que todavía persisten. La asociación funciona como intermediaria laboral: identifica candidatos con discapacidad, los vincula con empresas y busca reducir las dificultades de traslado que pueden limitar su acceso al empleo.
A esta participación se suma un cambio en las directrices de planificación del Estado. Los lineamientos de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), para 2027-2031, establecen que las instituciones públicas deben incorporar acciones específicas para las personas con discapacidad en sus instrumentos de planificación. Sin embargo, el alcance de SEGEPLAN se limita a orientar la formulación de planes y presupuestos; no tiene facultades para sancionar a los ministerios o alcaldías que incumplan lo prometido.
La accesibilidad no depende de una obra aislada ni de una institución por separado. Requiere que quienes planifican, diseñan, ejecutan y supervisan intervenciones mantengan los mismos criterios y los conecten en el espacio público.
Porque una rampa puede cumplir con las medidas y terminar frente a una banqueta sin rampa. Un bus puede contar con una plataforma accesible y encontrarse con una acera que impide utilizarla. Un edificio puede incorporar criterios de diseño universal mientras el camino para llegar hasta su puerta sigue siendo inaccesible.
La ciudad no necesita únicamente más soluciones de accesibilidad. Necesita que esas soluciones dejen de funcionar como tramos aislados.